ALTERNATIVAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS
Socio fundador del estudio jurídico LEXINTEL LAW FIRM, especialista en materia corporativa de los sectores bursátil, florícola, inmobiliario, retail, entre otros.
A raíz de la emergencia sanitaria mundial suscitada por el brote de la Covid-19 y a consecuencia de ello, la declaratoria de estado de excepción en Ecuador y el mundo ha tenido un impacto innegable en el ámbito macro y microeconómico, mismo que ha generado una crisis financiera para el sector productivo, especialmente para el gran conglomerado de las empresas.
Ante ese escenario, y al no existir normativa específica que regule las relaciones jurídicas en base a esta “nueva normalidad” y el alarmante estado de incertidumbre en el ámbito laboral, el legislativo promulgó la famosa “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19”. Esta fue una medida de la Asamblea Nacional para hacer frente a la crisis, que prevé las siguientes medidas:
- Medidas para el bienestar social y la reactivación productiva.
- Medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo y reformas laborales.
- Concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de obligaciones.
Ahora bien, la Ley de Apoyo Humanitario ha permitido que existan ciertas medidas que intentan beneficiar al sector empresarial, fomentar el sector productivo y mantener las plazas de empleo.
Las que se destacan son:
Créditos productivos para la reactivación económica y protección de empleos.
Acuerdos entre empleador y trabajador para preservar las plazas de empleo.
Contrato especial emergente.
Reducción emergente de la jornada laboral.
Goce de vacaciones.
Es evidente que esta ley surge como una medida desesperada de normar y regular las relaciones entre los empresarios y sus trabajadores, y aportar medidas de flexibilización laboral para reducir sus costos en capital humano. Es evidente que la aplicación de muchas de estas medidas requiere de una correcta asesoría legal a efectos de obtener el máximo provecho y evitar eventuales incumplimientos que se pueden transformar en contingentes legales para las empresas.
Por otro lado, previo a la aparición del virus, se aprobaron leyes con la intención de fomentar la producción, el comercio y dar facilidades jurídicas a emprendedores y pequeños empresarios para formalizar sus estructuras organizacionales, a través de una nueva especie societaria.
La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación incorporó a la Ley de Compañías un nuevo tipo de compañía, controlada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y se la ha denominado Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Una estructura societaria que ha sido aplicada años atrás en otras legislaciones tales como la colombiana y que ha tenido un gran éxito.
La SAS es una nueva estructura societaria, cuya característica fundamental es su flexibilidad y capacidad de adaptarse a las distintas necesidades de sus fundadores. Es por ello que resulta en una excelente alternativa para los pequeños empresarios y emprendedores. A diferencia de otra especie de empresas, su proceso de constitución y registro se lo realiza a través de la Superintendencia de Compañías, que se traduce en un proceso sencillo, rápido y de bajo costo. Como es evidente, la implementación de esta nueva especie de sociedad es una oportunidad para empresarios, microempresarios y emprendedores para potenciar sus negocios.
Desde el punto de vista corporativo, frente a este abánico de posibilidades jurídicas, empresarios, microempresarios y emprendedores tienen la posibilidad de utilizar un vehículo societario, que les permita tener una estructura que pueda adaptarse a las necesidades de los accionistas, a eventuales variaciones del mercado y la realidad económica, y que sobre todo no requiera una gran inversión para su constitución.
Concluyo con un conocido refrán: “Al mal tiempo, buena cara”. No hay más opción que aprovechar todas estas ventajas que otorga la ley para apoyar al país y, especialmente, a nuestras familias.
Objetivo: Beneficiar al sector empresarial, fomentar el sector productivo y mantener plazas de empleo.
